El Principado avalará a los compradores de vivienda protegida con rentas de menos de 31.500 euros

El Gobierno asturiano cerró ayer el proyecto que puso en marcha el pasado 7 de noviembre, cuando firmó un protocolo con las principales entidades bancarias de la región para avalar la compra de vivienda protegida comenzada a construir en 2009. Con el convenio aprobado ayer, el Principado pretende conseguir que en este año recién comenzado los constructores promuevan entre 4.000 y 6.000 viviendas. Para ello tiene destinada una línea de avales de hasta 36 millones de euros.


El doble objetivo del Gobierno asturiano es facilitar avales tanto a los ciudadanos que pretendan comprar pisos protegidos este año como a los constructores que los promuevan, con la intención de dinamizar el sector y mantener el empleo. «Supondrá un respaldo a las familias asturianas a la hora de acceder a la compra de una vivienda protegida, pero también a los constructores», aseguró la portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya. De hecho, la financiación a la que pueden acceder los constructores es del 80% de cada vivienda a construir y el aval del Principado alcanzará el 5%.

Los compradores tendrán que cumplir los requisitos que recoge el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009, y que afectan a familias con bajos ingresos, mayores de 65 años, jóvenes menores de 35, mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad, familias monoparentales con hijos, familias numerosas, personas dependientes, separadas o divorciadas al corriente del pago de las pensiones, afectados por situaciones catastróficas, personas sin hogar o procedentes de operaciones de erradicación del chabolismo. El Plan Estatal 2009 acoge por primera vez a las «rentas medias», que sitúa en ingresos de hasta 31.449 euros anuales.

Con las líneas aprobadas ayer, el Principado compensará a la entidad bancaria de los impagos que el comprador no cubra en una cuantía equivalente a 12 mensualidades. Y para dar «transparencia» al proceso, el Gobierno está elaborando la creación de un registro de solicitantes que habrán de cumplir todos los requisitos recogidos en el convenio y que se corresponden con el espíritu y la letra del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación.

Con las medidas aprobadas, se persigue aumentar la concesión de créditos y a la vez evitar las operaciones que sean económicamente inviables.

fuente: elcomerciodigital